Difícilmente se puede reformar algo si no hay acuerdo entre los que tienen que hacerlo. Una de las cosas más llamativas del Sistema Universitario Español (SUE) es que cada uno va por su lado y, sin embargo, a pesar de las posiciones encontradas, existe equilibrio, ya que nada cambia. Claro es, que esto se puede decir de muchas de nuestras instituciones públicas.
En las últimas dos décadas se han producido varias propuestas de reforma del SUE mediante informes, libros blancos y todo tipo de documentos elaborados por organismos oficiales estatales, autonómicos, universitarios y por varias fundaciones. En sus cientos de páginas se han abordado todos los aspectos institucionales de las universidades. Incluso se constituyeron cuatro comisiones de expertos a instancias de las autoridades ministeriales con muy poco tiempo de diferencia (una en 2010, dos a finales de 2011 y una a principios de 2013). Seguro que habrá pronto una quinta. Ese enorme esfuerzo reiterativo apenas ha alterado el rendimiento de nuestro servicio público universitario y ha pasado desapercibido en la sociedad. Parecería que estamos sometidos al castigo que Thot o Minerva infligen a una humanidad vanidosa; pero no parce que vaya de dioses la cosa, sino de intereses.
Y es que los objetivos de los que intervienen en el SUE son bien distintos. Eso sí, formalmente todos coinciden en el interés general y el servicio público a los que se añaden la innovación o generar conocimiento. A partir de aquí, cómo alcanzarlos depende de los intereses de cada uno. En esto, como en tantas cosas, es más útil fijarse en lo que se hace que en lo que se dice. Así, las autoridades ministeriales saben que hay poca ganancia en su reforma: interminables discusiones con las comunidades autónomas, con los rectores y con el Ministerio de Hacienda para dar a luz un proyecto de mínimos que la sociedad no entenderá y que su impulsor no inaugurará en su mandato. Esto no ha impedido que el ministerio competente haya conquistado la centralidad con la creación de la ANECA. En España, ya se sabe, cuando tienes un problema creas un organismo…
Los responsables autonómicos de las universidades ven con recelo este mundo. Se mueven entre el miedo a que los «niños» se manifiesten en la calle; la búsqueda de un posible caladero de votos entre los padres y sus abstencionistas hijos; el desinterés por algo que no entienden bien; y la certeza de que la aportación de recursos extras a la Universidad lo será a costa de una larga y normalmente muy previsiblemente infructuosa pelea con sus compañeros de gabinete y, sobre todo, con la consejería de Hacienda. No es de extrañar que muchos abdiquen en nombre de la autonomía universitaria, aunque recientemente han decidido unirse en la CRAU para obtener más información y para contrarrestar a los que denominan poderes fácticos, los rectores. Se quejan de que normalmente el Ministerio los tienen en cuenta después de consultar a la CRUE...
Las autoridades académicas ocupan una gran parte de su tiempo en montar grandes coaliciones de apoyos electorales que les permitan alcanzar o mantenerse en el poder, incluso más allá de los 8 años de limitación de mandato de los rectores. Este ingente consumo de recursos no puede malograrse por la entrada de profesorado del exterior que puede desequilibrar los laboriosos y agotadores arreglos internos. Tampoco pueden permitirse compartir el poder, y menos cederlo, con representantes de los que financian casi completamente la Universidad.
Por lo que respecta al personal de las universidades públicas, el personal de administración y servicios (PAS) obtiene una posición de influencia en la gobernanza no equiparable a cualquier otro empleado público en su institución. Ningún otro tiene la triple condición de demandante de mejoras de sus condiciones de trabajo, elector de los órganos universitarios y parte de la coalición de intereses que debe conceder esas mejoras y controlarlas. Su interés, claro, es formar parte de la coalición gobernante.
Por su parte, el personal docente e investigador (PDI) está enormemente fragmentado por su escalafonamiento y jerarquía. Además de participar muy ampliamente en el autogobierno de su universidad, ha logrado un altísimo grado de endogamia que es la que le garantiza su carrera, aunque para ello necesita implicarse en las coaliciones de intereses que la gobiernan; y son tantas las puertas que hay que pasar de una a otra categoría universitaria, que son cada vez más bajas...
Los alumnos están de paso en el sistema y sus intereses, en general, no están en el SUE sino en el empleo que le proporcione. Leyendo la prensa, apenas aparecen si no es recurrentemente en el periodo de selectividad o en manifestaciones normalmente bienintencionadas pero que consolidan el inmovilismo.
Los consejos sociales son rehenes de su extraña composición, de la deliberada falta de medios y de sus escasas funciones. No obstante, una parte de los miembros que los componen siguen perseverando con la reforma de la gobernanza, la cooperación con la empresa privada, la internacionalización y la incorporación de financiación privada. A la vista de las reformas de los países de nuestro alrededor, son los llamados a cambiar el sistema; si se deja…
Fuera del SUE público están la sociedad y el sector empresarial, el de verdad. La parte de la sociedad pudiente lo elude, como puede constatarse en el significativo incremento de alumnos en las universidades privadas o de los que estudian en el extranjero con o sin Erasmus. Adviértase que esto tiene como consecuencia que una parte de significativa de las élites del país se van desentendiendo de los valores públicos. El resto de los mortales pide empleabilidad y crecimiento económico.
Las grandes empresas y el sector financiero mantienen alianzas con las universidades privadas -y de forma selectiva con las públicas- que les garantizan la selección de sus futuros empleados y con las que acuerdan programas de I+D+I y una creciente financiación. Además, en algunos casos, favorecen la captación de alumnos con talento de las clases más débiles. Las demás empresas, que son casi todas, buscan trabajadores competentes.
El resultado de la disparidad de intereses es el mantenimiento del viejo modelo universitario con periódicos ajustes que no lo alteran en lo sustancial, ya que los que tienen capacidad para cambiarlo no obtienen ganancia en hacerlo; y los descontentos no tienen posibilidad alguna o han buscado otras alternativas.
La reforma debe comenzar por ponernos de acuerdo en los objetivos a alcanzar, que son muy distintos de los de un modelo que fue diseñado para una sociedad que ha evolucionado radicalmente y que tiene claras alternativas para algunos. Para ello hace falta una decidida y persitente voluntad política. Las posibilidades de cambio probablemente vengan por alterar el peso y la posición de los actores actuales del SUE público buscando que las pérdidas de algunos sean progresivas dentro de una estrategia a medio y largo plazo. Y si el impulso inevitable viene de fuera, mejor.