La opinión pública parece que ha comprado el argumento de que no puede haber más calidad universitaria si no se incrementa la financiación. Según la OCDE, el gasto en España en 2018 en educación terciaria (que incluye la universitaria y la Formación Profesional superior) difiere (3,1% del PIB) del de la UE22 (3,3 % del PIB); ambos están por debajo del promedio de la OCDE (3,5 %). Para ponernos a la par con la UE sería necesario un incremento de unos 2.600 millones de euros anuales y de 5.250 con la OCDE.
Sin embargo, el gasto ejecutado en las universidades públicas (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) fue en 2016 (último ejercicio disponible) de 8.894.986 euros, esto es, un 79,5 % del presupuesto inicial; es decir, no se ejecutaron unos 2.000 millones de euros. Esto muestra que parece que hay algún problema de eficiencia en la gestión del gasto en nuestras universidades, en lo que no se diferencia de una buena parte de nuestros organismos públicos. Los ingresos por tasas y precios públicos sobre los ingresos totales alcanzaron en ese último año los 1.800 millones de euros o el 18,01 % del gasto total. Recuerde ahora el lector el debate sobre la gratuidad de las matrículas y retenga esa cantidad.
En algunas ocasiones se suele confundir el gasto en universidades con el de I+D+I público que, claro es, no se gestiona completamente por la Universidad pública ni va dirigido a ella y que en la actualidad es de 14.052 millones de euros en la Administración del Estado (aunque no se ha ejecutado un 53,2 %, por lo que se pide que se modifiquen las condiciones de los préstamos o que que su cuantía pase total o parcialmente a ayudas directas).
Además, no solo las universidades públicas realizan investigación pública (el 63 % del total). Existen, por ejemplo, el CSIC, que gestiona más de 600 millones de euros y cuenta con una plantilla de 7.200 personas, el resto de los organismos públicos de investigación (OPI) del Estado, que reciben unos 700 millones de euros anuales, y la Agencia Estatal de Investigación, con 1.100 millones. A esto hay que sumarle los crecientes organismos similares autonómicos. Nuestra diferencia con la media de la UE en gasto en I+D+I es de 11.405 millones anuales, que es la distancia que va entre nuestro 1,2 % y su 2,07 %, aunque oculta que Alemania dedica el 3,02 % del PIB.
Al final todo se reduce al viejo dilema de cañones o mantequilla. Durante la Gran Recesión, los países de la OCDE y de la UE priorizaron el gasto público de manera distinta. Así, la partida en I+D+I entre 2008 y 2015 se redujo un 7 % en España, mientras otros países adoptaron medidas anticíclicas como en Polonia con un incremento del 67,6 %, Italia de un 14,5% o Alemania de un 10,7 %. En nuestro país el gasto per cápita en educación se redujo entre 2010 y 2013 un 13 % (aunque entre 2012 y 2017 se incrementó en un 7,5%), mientras que el sanitario disminuyó un 3,9 %. Finalmente, como dato del paisaje presupuestario, la deuda pública española ha pasado del 40 % del PIB en 2008 a prácticamente el 100 % en la actualidad; esto es, un incremento de unos 600.000 millones de euros.
Como se puede fácilmente constatar, y a pesar de lo que pudiera parecer por las declaraciones de algunos responsables universitarios, la Gran Recesión ha obligado a realizar sacrificios no solo en la política universitaria. En concreto, se redujo el gasto público entre 2012 y 2015 en casi 35.000 millones de euros y ha costado una década recuperar las cifras globales presupuestarias de aquel año. A aquel gasto de 2008 hay que reducir los 15.000 millones de intereses de la deuda que se pagan más ahora; el doble. Por cierto, los compromisos acordados por España con la UE y el FMI en materia de control del déficit y estabilidad presupuestaria, por mucho que se flexibilicen coyunturalmente, no aventuran precisamente grandes alegrías presupuestarias en los próximos años para las universidades ni para el conjunto del sector público; eso sin tener en cuenta la preocupante evolución actual de la economía y de la situación política española, ávida de gasto público.
La situación financiera de las universidades no es muy distinta del resto de las instituciones públicas españolas y su queja de que el 95 % de los recursos comprometidos se destinan a gastos fijos, seguro que les suena a todos los gestores públicos. Algún rector reconoce que no puede beneficiarse de la economía de escala por ser multicampus (como otras 44 universidades públicas) y que por ello necesita más financiación. Las universidades de una comunidad autónoma, en un alarde de optimismo y de fe en el futuro piden un incremento de 900 millones y su gobierno les ofrece doblar en 2025 su financiación actual, que es de 766 millones de euros.
En fin, en la prensa se recoge que casi todos depositan muchas esperanzas en la financiación privada (al margen de las tasas); se espera mejorar la cifra actual (un máximo de 600 millones anuales). Los ingresos por transferencia de conocimiento o captación de fondos de convocatorias son también objeto de tratamiento en las noticias, aunque solo evidencian su escasez. Algún especialista reclama una financiación anual extra del sector privado de 547 millones de euros. En fin, otros tachan de fracaso sin paliativos la colaboración público-privada. Mientras, encontramos que una universidad privada ha recibido 390 millones de fondos de inversión, probablemente a cambio de su pertenencia al consejo de administración y a los órganos de control. Por cierto, la dependencia de las universidades públicas españolas de sus comunidades autónomas representa el 69,5 % de sus ingresos; no sé a qué daría derecho este porcentaje en el sector privado. Esta dependencia irreversible -que crecerá con la gratuidad de las matrículas- explica la verdadera realidad de la autonomía universitaria y cuestiona el modelo actual de gobernanza.
Sumen la lista de peticiones para satisfacer los agravios por la crisis (los rectores hablan de pérdidas de 9.500 millones en ocho años), junto con la justa reivindicación de acercarnos, al menos, a la media de la UE o de la OCDE, añadan la gratuidad completa de las matrículas y a ese resultado resten el gasto no ejecutado en las universidades y en I+D+I, las ineficiencias inherentes al sistema actual y, como veremos en el siguiente post, el coste del abandono. Consideren además que este año la Formación Profesional superior ha sobrepasado por primera vez la matrícula de la educación universitaria y que la primera (42,3%) atrae más ofertas de trabajo que la segunda (38,5 % en general y el 24,4 % de los ciclos de grado superior). Finalmente, miren a su alrededor y cuenten los menores de 18 años que ven.
Es probable que las cifras de la financiación universitaria les suena ahora con otra letra, aunque hay que reconocer que la falta de financiación y su excusa siguen dando mucho juego en nuestra Universidad; y lo va a seguir dando.