• Manuel Arenilla Sáez

El impacto de la COVID-19 en el ámbito público


Nadie podía imaginar hace solo un año cómo iba a cambiar el mundo por un fenómeno que ha afectado a toda la humanidad al mismo tiempo. De una manera parecida a la aceleración de la tecnología y su conectividad, la COVID-19 ha llegado hasta el último rincón del mundo en muy poco tiempo alterando los sistemas sociales, políticos y económicos. Los países han sido puestos a una prueba de tensión y el resultado, en general, no ha sido positivo. Su rendimiento ha sido congruente con el diagnóstico que se venía realizando de muchos países por los organismos internacionales y la academia, por ejemplo, respecto a los servicios públicos críticos, a la capacidad institucional y a la gestión del riesgo.


A pesar de todo, los gobiernos han demostrado su capacidad de trabajar de manera ágil, adaptativa, innovadora y colaborativa, de teletrabajar, de flexibilizar la gestión de los recursos humanos y de usar nuevos métodos y prácticas y herramientas tecnológicas. Han demostrado que se puede superar la tendencia dominante a trabajar en silos, a evitar el riesgo, las estructuras excesivamente jerárquicas y modelos cerrados de toma de decisiones. La pandemia también está generando destellos de innovación que hacen albergar la esperanza de la posibilidad de cambio en las Administraciones públicas.


Pero el virus también ha atacado a las organizaciones públicas acentuando sus debilidades y mostrando que los sistemas del mundo son frágiles. La pandemia ha interrumpido el funcionamiento ordinario de los gobiernos y de responsabilidades concretas, como la formulación de políticas, la provisión de servicios básicos, la aplicación de la ley y el trabajo de la Administración de Justicia. Además, se han adoptado leyes de emergencia que limitan el control parlamentario de los gobiernos y permiten suspender las libertades individuales, lo que en algunos casos se ha utilizado en favor de algunos gobiernos y grupos de interés. Es fácil esperar consecuencias negativas en el futuro para las instituciones públicas y los derechos humanos, particularmente de los grupos sociales más débiles. La COVID-19 también ha alterado los equilibrios existentes en las sociedades en términos de responsabilidad, transparencia y participación.


A falta de mayores y mejores datos, las organizaciones y los países que han respondido de manera más eficaz a los desafíos de la pandemia son los que tenían arraigados una cultura estratégica y un sistema de gobierno abierto con fuertes lazos con la comunidad. Se puede aventurar la hipótesis de que en estos casos este punto de partida les ha permitido ser más resilientes y proactivos y aprovechar todo tipo de recursos públicos, sociales y privados para combatir la pandemia y sus efectos. Esta característica de gobernanza parece que ha tenido más peso que el contar con sistemas nacionales de salud fuertes.


La crisis actual ha mostrado que los gobiernos, las empresas o los grupos sociales no pueden hacer frente solos a los desafíos globales sistémicos. Los buenos resultados también se han constatado en las organizaciones públicas que contaban previamente con estructuras flexibles que permitían reasignar al personal de forma temporal donde surgían necesidades urgentes.


De toda situación se puede aprender y la pandemia nos ha traído, con la inmediatez del conocimiento de lo que sucede en cualquier parte del mundo, un conjunto de buenas prácticas y de reflexiones desde múltiples puntos de vista. El reto ahora es estudiarlas, filtrarlas, adaptarlas, diseñar su implantación y, en su caso, institucionalizarlas.


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