• Manuel Arenilla Sáez

Fuga de ida y no vuelta del talento universitario

Actualizado: 24 de sep de 2019

La verdad es que somos dados a ver problemas donde no los hay. Fíjense si no: «muchas veces se habla de endogamia pero, en realidad, es que tienes en casa al mejor». Si lo dice toda una autoridad académica, no se hable más. Claro que, según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: el 73,4% del profesorado de las universidades públicas trabaja en el mismo centro en el que se doctoró, un 87% lo hace en la misma comunidad autónoma en la que se doctoró y casi un 98% trabaja en el país, España, en el que se doctoró; solo el 1,2% del profesorado universitario es extranjero.


Les confieso que no me resulta agradable hablar de mi profesión y es que si tuviera que empezar de nuevo, sinceramente no sé si es la que escogería, al menos en mi país. La prensa ofrece un panorama nada halagüeño, especialmente de los profesores e investigadores jóvenes: nóminas precarias con sueldos predoctorales, en el mejor de los caos, entre 20.000 y 25.000 euros brutos anuales; más de 22.000 asociados (falsos la mayoría) o contratados en precario con sueldos de poco más de 600 euros al mes; una burocracia que les deja colgados sin cobrar meses en sus renovaciones o en los múltiples avatares políticos o administrativos; entre 2008 y 2016 se redujo el 7% del personal académico y un 22% la financiación; la edad media del profesorado es de 54 años y de los profesores en formación de más de 35 años; en 7 años se jubila la mitad de los catedráticos y profesores titulares; a los 40 años y en primera fila de la investigación, muchos cientos de profesionales siguen pendientes de contratos o plazas que cimenten sus sólidas pero inestables carreras.


En fin, después de 20 años de carrera o más con retribuciones indignas o de mera subsistencia y de cumplir con todos los requisitos de estancias en el extranjero, publicaciones en revistas indexadas, pertenencia a grupos de investigación, horas de docencia, cargos académicos y de aguantar lo indecible, algunos pueden llegar a conseguir una plaza de contratado doctor con un sueldo de 2.200 euros al mes. Resultarían conmovedoras las llamadas de vuelta a la patria de los miles que han huido de esta situación a otros países, si no fuera porque quienes las hacen saben perfectamente la realidad que se van a volver a encontrar. Como se señala en varios artículos de prensa: la fuga de cerebros la pagaremos cara. Ya la estamos pagando.


El lector es posible que comprenda que los profesores jóvenes, como dice un articulista, se opongan a que nadie, español o extranjero, venga a quitarles «su plaza», simplemente porque de no ser así no la tendrían garantizada en ningún otro sitio. Ahora leamos la teoría al respecto señalada en otro artículo de prensa: el criterio que debe inspirar la selección del profesorado y de los investigadores es evidente que debe ser que las plazas sean para el mejor candidato, de casa o de fuera, español o extranjero. Ya.


La situación descrita es estructural y deriva de la degradación y retorcimiento de la ley y de un modelo de gobernanza en el que domina el clientelismo y una férrea jerarquía estamental. Todavía hay alguna autoridad académica que se enorgullece de que en los últimos 10 años no haya habido ninguna manifestación de universitarios pidiendo aumentos de sueldo. No piensan lo mismo los investigadores jóvenes. Donde unos ven una virtud otros pueden ver un síntoma claro de fragmentación de un colectivo y de sometimiento de sus miembros más débiles.


Los que están en la cima del escalafón universitario, titulares y catedráticos, es evidente que tienen una situación mejor que la descrita, aunque también tienen sus cosas. Esta profesión pública es la única en la que la base de sus complementos retributivos (específico, sexenios, quinquenios, que representan el grueso) no se ha modificado desde 1989. Los profesores titulares de universidad deben seguir en la competición mejorando cada vez durante más tiempo los absorbentes méritos que reclama la ANECA para acreditarse como catedráticos. Claro es que alguien puede decir que no es obligatorio hacerlo. En ese caso tendrá que valorar entre dar más clases o mantener vivo un sexenio de investigación (evaluación positiva por 6 años de investigación) y lo que conlleva la obtención de las agotadoras evidencias de investigación. Un sexenio por el que se cobra unos 1.600 euros al año, cuando se consigue. Un gran incentivo. Esta es la misma situación para los catedráticos. En ambos casos, una buena parte de su tiempo de trabajo se dedica a tareas burocráticas o académicas no retribuidas pero imprescindibles para el funcionamiento del sistema universitario público. Se realizan por pura vocación y responsabilidad.


Dicho lo anterior, es evidente que deben existir evaluaciones periódicas obligatorias vinculadas al cumplimiento de objetivos académicos y nacionales ligados o no a la carrera universitaria. La libertad de cátedra no exime de la evaluación y la rendición de cuentas.


Me van a disculpar el desahogo que sigue. Hace unos cuantos años un subdirector de un gran ayuntamiento español me preguntó por qué los profesores estábamos metidos en mil proyectos y cursos y estábamos todo el día de aquí para allá. La respuesta sonó quizá un tanto dura: porque no ganamos lo que vosotros (y hoy ya no es lo que era en la Administración); tampoco alcanzamos en la mayoría de las ocasiones las retribuciones de los puestos superiores del personal de administración y servicios (PAS) de nuestra propia universidad. Así que no debe extrañar la creciente proliferación de cargos académicos.


Todos coinciden en que el futuro de España pasa por cultivar y atraer talento. Otros se muestran orgullosos de que haya académicos españoles en el extranjero, de que haya rectores españoles fuera. En fin, es un clamor en la prensa la queja de que faltan recursos para atraer talento. Ya hemos visto que esto no es exactamente así, si observamos las grandes bolsas de ineficiencia de los sistemas de investigación y universitario y su bajo nivel de ejecución presupuestaria. Se trata de voluntad política y de priorización del gasto público.


La retención y atracción del talento a la vista de lo anterior tiene que ver con la propia conformación del sistema universitario español; con su modelo de gobernanza que incluye unos procesos fuertemente clientelares; con la relegación y debilidad institucional de la política universitaria y de investigación; con la extensa descoordinación del sistema universitario y su falta de control y evaluación; con la interacción con el tejido productivo; con la apertura internacional; con la débil capacidad institucional y de gestión de la Universidad y del sistema de investigación; con el diseño del presupuesto en investigación y de las figuras de incentivación económica por rendimiento y con la carrera universitaria existente.


También, claro es, tiene que ver mucho con los sueldos de los profesores e investigadores que, a decir de un responsable ministerial, representan la mitad de las retribuciones de los países con los que queremos competir. Aunque también podríamos fomentar que los profesores extranjeros vengan por las razones que lo hacen los estudiantes Erasmus. En eso somos la potencia indiscutible y reconocida en los mejores rankings.


Pero eso sí, dicen que tenemos muchas vacaciones.


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