Se llega a la Agenda 2030 y a sus ODS después de décadas de desarrollo de los mecanismos de cooperación internacional, de la evolución del pensamiento político y de gestión pública y de las realizaciones de los gobiernos, de las organizaciones internacionales sociales y de las empresas. El resultado es una realidad ampliada de lo público y el enriquecimiento de valores y principios como alianza, participación, coherencia, inclusión, diversidad, integración, universalidad o desarrollo sostenible que cobran un nuevo significado y alcance para la acción pública.
Para que la Agenda 2030 pueda llevarse a cabo con éxito, es preciso que los países cuenten con una arquitectura institucional que facilite la gobernanza y la capacidad necesaria para cumplir con sus objetivos. La capacidad institucional abarca, entre otros aspectos, la presupuestación y la financiación, los sistemas y tecnologías de la información y la comunicación, la evaluación, la participación y la rendición de cuentas, la estructura organizativa, la articulación interna y externa mediante alianzas y el fortalecimiento de las competencias profesionales y de los valores de las personas.
Las instituciones políticas son un factor determinante para lograr la confianza, para reducir la complejidad social y para generar certidumbre política, económica e internacional en los Estados y en sus responsables; además, influyen en el proceso político y en la estabilización democrática de las sociedades, favoreciendo el capital social y la inclusión y el desarrollo de las capacidades de las organizaciones existentes en la sociedad y de los ciudadanos en su contribución al bien común. La arquitectura institucional gubernamental contribuye a que los ciudadanos estén satisfechos con la democracia, la confianza social y la confianza política, lo que confiere legitimidad y mayor probabilidad de aceptación social de las instituciones políticas y de obediencia al orden constituido.
Se necesitan Estados que asuman efectivamente su responsabilidad con la participación activa de la sociedad y del sector privado para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible que favorezca la estabilidad, el crecimiento y la innovación. Para ello es preciso concebir al Estado y a su Administración como una plataforma en la que interaccionan numerosos actores con el fin de promover y lograr el bien común mediante el impulso público. De esta manera, cuando la arquitectura institucional se orienta a un concepto abierto del gobierno y a la estabilidad, existen altas probabilidades de lograr todo tipo de recursos y el conocimiento necesarios para cumplir con los ODS. Además, la arquitectura institucional puede reforzarse aprovechando la estructura existente regional integrada o no en el Sistema de Naciones Unidas e incorporar los ODS en la planificación y en la presupuestación nacional.
El estudio de los Informes Voluntarios Nacionales de los países iberoamericanos presentados ante las Naciones Unidas en los últimos años evidencian que la Agenda 2030 es probable que tenga éxito en su implantación si forma parte de la agenda política y de gobierno de cada país, si el liderazgo es persistente, real y se sitúa en el nivel más alto del gobierno. También ayudará mucho que la institución impulsora de la Agenda tenga poderes efectivos de coordinación o de planificación sobre los organismos gubernamentales y territoriales implicados.
La capacidad institucional, y en concreto el factor presupuestario y financiero, así como la estadística o disponibilidad y tratamiento de los datos, condicionan decisivamente la consecución de los ODS. La falta de financiación específica asociada a la Agenda 2030 y la exclusión de la ayuda al desarrollo de los países de riqueza media dificultan seriamente su cumplimiento. El esfuerzo presupuestario público resulta insuficiente, por lo que es necesaria la colaboración privada y social, así como reforzar la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y la triangular. La capacidad institucional se resiente por la debilidad estadística, lo que limita las decisiones y la gestión basadas en evidencias; esto hace que sean necesarios esfuerzos de mejora importantes y coordinados.
La territorialización de los ODS es escasa en Iberoamérica, como también lo son las alianzas regionales y globales. Esta situación limita los avances nacionales y la consecución mundial de la Agenda 2030. La conexión entre los ejecutivos y los legislativos nacionales admite un amplio margen de mejora con el fin de que se produzca un control y seguimiento democráticos de la implementación de los ODS. La mejora de los aspectos intergubernamentales y de cooperación se debe completar con una revisión de los mecanismos de cooperación internacional en materia de financiación, modificando los criterios economicistas del desarrollo.
Existen dudas sobre la eficacia de los procesos de participación establecidos en los distintos países referidas a la influencia real de la sociedad organizada en la implementación, seguimiento y control de la Agenda 2030. Esta situación hace que sea necesario establecer espacios de participación real entre las organizaciones y las instituciones públicas. En el caso de las empresas, este cambio podría facilitar la extensión y profundidad de su compromiso con los ODS.
Se puede concluir en que el factor explicativo del rendimiento de la Agenda 2030 en cada país es probable que dependa más de la existencia de mecanismos ordinarios y efectivos de planificación y de gestión que el diseño e implantación de una organización específica para el cumplimiento de los ODS.