Algunos consideran que, a pesar de situación de catástrofe que vivimos, la pandemia ofrece la oportunidad de mejorar la credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones públicas y sus servidores. Estos en muchas ocasiones han ido más allá del deber exigible y han logrado adaptarse a situaciones verdaderamente difíciles, digitalizando sus puestos de trabajo y tratando que los servicios no se interrumpieran. Los empleados públicos han demostrado en muchos casos versatilidad en la prestación de servicios, trabajando muchas veces en situaciones peligrosas y han hecho florecer la innovación en el servicio público. Estas actitudes muestran la importancia de su función ante la sociedad. Esta capacidad debe anclarse en las organizaciones para seguir abordando las cambiantes y urgentes necesidades sociales.
Ante los retos que deben asumir habitualmente las instituciones públicas, la pandemia ha mostrado la importancia de contar con un liderazgo fuerte e inclusivo, lo que no ha sucedido en todos los países, observándose en algunos casos, por el contrario, tendencias centralizadoras y excluyentes. Este liderazgo debe extenderse al desarrollo y la adopción de tecnologías digitales como la inteligencia artificial y la robótica, que se están demostrando en estos momentos que pueden marcar la diferencia entre una Administración eficaz y otra que no lo es. Por ello deben superarse las algo más que reticencias que muestran algunos responsables TIC de las Administraciones españolas para incorporarlas junto con el análisis de datos masivos y el aprendizaje automático.
Habida cuenta de que el teletrabajo va a ocupar de forma permanente o híbrida un porcentaje significativo de la población activa en cada país- entre un 20 y 25 % en las economías avanzadas y un 10 % en el resto-, especialmente entre los puestos altamente cualificados, es preciso, y así lo han hecho ya numerosos países, diseñar políticas laborales para obtener lo mejor de la oficina y del hogar. La pandemia ha sido un gran ensayo para el teletrabajo y ha mostrado las tareas que son más susceptibles de adoptar un desempeño remoto. Entre estas hay que destacar, por lo que respecta al ámbito público, la administración y la tecnología de la información. Esto representa una oportunidad para replantear el marco de relaciones laborales en muchas Administraciones; medir y mejorar la productividad; conciliar la vida personal y familiar; incrementar las posibilidades de promoción de las mujeres; capacitar en habilidades digitales y blandas como la comunicación, las relaciones sociales, la empatía y la flexibilidad; fortalecer la capacidad de aprender y de recuperación; e impactar de manera positiva en el medioambiente.
Por todas partes vemos cómo las tensiones sociales y políticas han comenzado a desbordarse. Algunas de ellas ya se estaban produciendo antes de la pandemia, aunque todas se han intensificado con ella. En su base encontramos el incremento o la no superación de las desigualdades existentes. Estas afectan, por ejemplo, al género, la discapacidad, la educación, la edad, el acceso a los servicios públicos, el empleo o el uso de las tecnologías. Por ello necesitamos una forma más equitativa de compartir las ganancias del progreso tecnológico y la globalización, que castiga a los asalariados menos cualificados, para lo que no parece que tengamos otra opción que intentarlo, aunque sea una tarea difícil.
Las enseñanzas para la Administración de la pandemia ayudan a entender su papel esencial en la sociedad, a la vez que muestran que debemos aprender a vivir y operar en tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos (VUCA). En primer lugar, la provisión de servicios esenciales para todos debe ser el núcleo de la relación de gobernanza Estado-ciudadanos. Esta es una condición necesaria para esta relación, esto es, de carácter previa a todas las demás. Para ello es preciso proveer de herramientas y recursos necesarios para contar con Administraciones fuertes. La reflexión sobre los medios y el modelo de gobernanza remiten a la importancia de la fortaleza institucional y de disponer de una Administración capaz. Este punto se refuerza mediante la inversión en un liderazgo colaborativo y en red.
La Gran Recesión y la crisis actual han dado relevancia a la importancia de la limitación de recursos para atender las crecientes necesidades y demandas de la sociedad; por ello es preciso priorizar los recursos. La pandemia nos muestra que son primordiales la salud y la educación. Es necesario generar debates en cada sociedad sobre las prioridades sociales, los medios para atenderlas y su sostenibilidad. Sobre los medios hemos aprendido que es preciso diseñar las alianzas público-privadas para que sirvan al interés público. La pandemia ha mostrado que no siempre se ha hecho así, lo que ha conllevado una falta de capacidad de respuesta ante situaciones críticas, como se puede constatar en muchos países, también en los desarrollados.
Siguiendo con los medios, la pandemia, frente a la resistencia habitual al cambio en las organizaciones públicas, ha hecho patente que es posible y necesario simplificar y eliminar trámites en la relación que la Administración mantiene con la sociedad, las empresas y los ciudadanos.
El retroceso en las libertades individuales y civiles, en la transparencia y en la rendición de cuentas nos enseñan que es preciso profundizar en la diversidad para que estén representados debidamente en la Administración pública las mujeres, las minorías raciales, étnicas y religiosas, los pobres, los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros grupos minoritarios. En algunas de las decisiones sobre la pandemia no se ha tenido en cuenta este principio lo que ha dado lugar inevitablemente a políticas sesgadas. La salida de esta situación, como nos muestran algunas buenas prácticas durante este tiempo, es mejorar la participación de los interesados en la elaboración y evaluación de las políticas públicas. La pandemia está mostrando que la participación no puede ser un complemento de la acción pública, esto debe llevar a que los gobiernos estén abiertos a nuevos enfoques en los que el aporte de la sociedad y de los ciudadanos sea relevante.
Lo que se acaba de señalar está relacionado con la eficacia de las Administraciones. Estas necesitan acertar en sus actuaciones y en tiempos VUCA como los actuales es preciso recabar el mayor conocimiento posible sobre la realidad, además de lograr la aceptación de la acción pública por parte de los ciudadanos. De ahí que el riesgo de adoptar y ejecutar políticas sesgadas sea un lujo que no pueden permitirse ni los ciudadanos ni la Administración. Con ser esto importante, lo es más señalar que no adoptar políticas inclusivas y participativas, no lograr una Administración pública diversa en su conformación y en su actuación implica que se excluye socialmente a los colectivos señalados. El efecto de esto se mide en la merma de sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales y de su nivel de vida, además de que supone reducir el capital humano y dejar fuera de la participación en la vida social mayoritaria a quienes padecen exclusión. El coste para la Administración de hacer esto es incrementar la brecha medida en la desconfianza que la separa de la sociedad.