Hace siete años se publicó el libro La reforma de la universidad española: un análisis desde su gobernanza, resultado de un proyecto de investigación que tuve el honor de dirigir y en el que participaron diversos profesores universitarios de distintas disciplinas. En la investigación se trataron los aspectos de gobernanza, recursos humanos, eficiencia e introducción de un sistema de contabilidad avanzado. Se realizaron diversas entrevistas en varias universidades españolas, tanto a gerentes como a vicerrectores responsables de profesorado y de ordenación académica. Además, claro es, se analizó exhaustivamente la bibliografía y la documentación disponible. No he vuelto a tratar sobre este asunto en este tiempo, que coincide con mi ausencia de la Universidad.
Ha coincidido mi reingreso a las aulas con el encargo de escribir un capítulo sobre reforma universitaria. Al igual que ya me pasó en su momento, es una tarea que no he acogido con entusiasmo, por aquello de que un cirujano no se opera a sí mismo y porque los años no han dejado sino de añadir escepticismo a mi carácter. Como quiera que sea, el hecho es que me he puesto al día de lo que ha sucedido en el mundo universitario español en estos años en materia de reforma. En esta ocasión he añadido a las fuentes documentales escritas los artículos de todo tipo de prensa que han tratado el tema. Para ello, he leído más de 350 artículos seleccionados entre abril y agosto de 2019. Se imaginarán que hay lecturas más entretenidas…
Ese periodo ha coincidido con la elección de numerosos rectores y alguna rectora, la toma de posesión de los responsables de las consejerías de universidades y varios debates que han sobrepasado los muros del saber universitario y han transcendido a la sociedad, generando posiciones encontradas. Hay encendidas diatribas sobre la EBAU o EVAU –ni en los acrónimos nos ponemos de acuerdo- (antigua selectividad), la gratuidad de las matrículas, las becas, la situación de los jóvenes investigadores o sobre la financiación. Incluso, nada menos que en pleno mes de agosto, la Universidad ha sido objeto de tratamiento en amplios artículos de opinión, llegándose a crear banderías en torno a la existencia y futuro de la ANECA. Todo un avance, ya que el verano estaba destinado para las universidades de idem.
Como me resisto a desembarazarme del periodo estival, no voy a lanzarme a escribir sobre estas apasionantes cuestiones en términos demasiado académicos; eso lo dejo para el capítulo. Así que voy a redactar los posts que den de sí estos temas comenzando por el final, por señalar las conclusiones que he sacado de tan abundante lectura y que iré desarrollando posteriormente. El propósito de esta incongruencia, como habrán adivinado, no es otra que atraer su atención para los siguientes posts.
La conclusión que considero más importante es que los males que aquejan a la universidad coinciden con los que afectan al resto del ámbito público; también al conjunto de la sociedad española. Esto significa que difícilmente podremos atajar las disfuncionalidades universitarias sin intervenir en el sistema político-administrativo.
La segunda conclusión derivada de la anterior es que no está en las manos de los actores principales del Sistema Universitario Español (SUE) resolver sus males, al menos de una manera determinante. Ni los rectores, ni las consejerías de universidades e investigación, ni el personal de las universidades tienen los medios ni la posición en el sistema para lograrlo.
La opinión pública, sin embargo, está dominada por los rectores. Esta sería la tercera. Sus declaraciones destacan cuantitativamente en el espacio impreso o digital. Esto contrasta con otros actores, como las autoridades autonómicas y, singularmente, con los consejos sociales, que aparecen muy desdibujados.
Como en tantas políticas públicas, los problemas universitarios se muestran desenfocados dominando los aspectos secundarios sobre los principales, los medios sobre los fines, el cortoplacismo sobre la estrategia y el futuro. Esta cuarta conclusión se completa con la aparición periódica de temas que distraen la atención, así, por ejemplo, el grave problema de la equidad se sustituye por la gratuidad de las matrículas o por la proliferación de campus urbi et orbi.
El alejamiento de la realidad diaria, de las necesidades de la sociedad y de la empresa constituye la quinta conclusión. Los actores aparecen incomunicados, lanzándose mensajes desde sus castillos-instituciones sin que existan cauces de encuentro y diálogo, lo que genera inmovilismo y, claro es, incapacidad de producir reformas.
Finalmente, llama poderosamente la atención la falta de visión global, de conocimiento del entorno internacional, económico, administrativo, financiero en el que se mueve el SUE. Se tratan sus problemas de forma aislada exigiéndose soluciones que simplemente son inviables a poco que se eleve la vista y se contemple la realidad pública en todas sus facetas. Esto resulta especialmente llamativo en los asuntos de financiación. Esto no debe extrañar ya que enlaza con la primera conclusión.
No les engaño: los siguientes posts no tratarán ordenadamente esas conclusiones. Discúlpenme, no dejo de ser una criatura universitaria y todavía la ANECA no ha formalizado este tipo de evidencias…