Del 12 al 15 de noviembre se celebró en Buenos Aires el XXIV Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Una de sus áreas temáticas fue «Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 2030», que tuve el honor de coordinar. Las ponencias incluidas en los diversos paneles abordaron una amplia variedad de temas y mostraron la situación, avances y desafíos de los ODS, especialmente en Latinoamérica, aunque alguna noticia también nos han dado de España.
La impresión general es que está costando avanzar en el enfoque de los ODS y que se puede diluir la Agenda 2030 en las políticas públicas y actuaciones ordinarias de las distintas Administraciones públicas. Al fin y al cabo, toda actuación pública es susceptible de ser conectada sin demasiados problemas con algunos de los 17 ODS o de sus 169 metas; pero como dijo el filósofo: no es eso, no es eso.
Tenemos tendencia muchas veces en el ámbito público a renombrar viejos conceptos con las nuevas corrientes académicas o de los organismos internacionales, a caer en la fácil tentación del nominalismo. Así, no es difícil seguir el rastro a la innovación en los fallidos intentos de la calidad o a la innovación social en los enfoques de participación ciudadana; y así podríamos seguir. Por eso no es infrecuente leer documentos que han tuneado viejas ideas de cooperación internacional, medioambientalistas, organizativas, de revolución social, comunitaristas, de redes de políticas o de gestión pública en la escarapela de colores de los ODS.
Los informes de evaluación de la actividad de los gobiernos de los últimos años por los distintos organismos del Sistema de Naciones Unidas y observatorios como SDSN, CEPEI, el Instituto Danés de Derechos Humanos, Forética o el propio CLAD no dejan lugar a dudas: nos encontramos ante una agenda mundial que debe ser tratada de una manera holística, universal, integrada, interrelacionada y con una clara orientación a valores precisos y a los derechos humanos. Esto concuerda con las tres patas en las que se sostiene la Agenda 2030: universalidad (para el conjunto de la humanidad), integración (armonización social, económica y medioambiental) y «no dejar a nadie atrás» (orientación ética).
De las evaluaciones más recientes se podría concluir que en una buena parte de los países se avanza más en la institucionalidad formal, en la construcción o reforzamiento de instituciones de apoyo al cumplimiento de la Agenda 2030, a veces con intricadas organizaciones, y menos en la asunción de los principios y valores de actuación de la Agenda que llaman a un cambio radical en la manera en la que las Administraciones públicas están abordando los graves desafíos ambientales, de desigualdad, pobreza o injusticia. Así, en Latinoamérica, los retos más importantes son la reducción de las desigualdades (ODS 10) y el logro de la paz, la justicia y de instituciones fuertes (ODS 16). A estos desafíos hay que añadir la mejora en salud y bienestar (ODS 3), industria, innovación e infraestructura (ODS 9) y vida submarina (ODS 14). Por su parte, muchos países desarrollados mantienen desafíos importantes en áreas como la mitigación del cambio climático, la desigualdad de ingresos, la igualdad de género y la educación.
En Buenos Aires se ha podido constatar que en todos sitios surgen propuestas y estudios originales, algunos claramente brillantes, y también, que la academia no está, en general, en esto, ya que dominaron los ponentes responsables públicos de distintos gobiernos. En este post y en alguno más me dedicaré a resumir las principales aportaciones y las lecciones que se pueden extraer de ellas.
El panel dedicado a la igualdad de oportunidades en la participación y representación de las mujeres en cargos de responsabilidad se alejó de los caminos declarativos del ODS 5 y aportó buenas prácticas en Chile, Uruguay y Argentina. La primera conclusión del panel es que la plena participación de las mujeres en el trabajo y en cargos de responsabilidad no se logrará solo con indicaciones internacionales y normativa, sino también avanzando en la generación de cambios culturales mediante acciones afirmativas de cada país, logrando paulatinamente la equidad y la igualdad en el acceso y desarrollo en cargos de responsabilidad públicos y privados. La segunda es que es necesaria la visibilidad de la mujer en la función pública, fortaleciendo su sentido de identidad, sus capacidades, el desarrollo de talentos y la promoción de una mayor participación en los cargos de alta responsabilidad y dirección en los ámbitos público, privado y académico. La tercera es que el empoderamiento cultural, social y económico de la mujer resulta fundamental para superar las dificultades para lograr una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Finalmente, se señaló que el estilo de liderazgo femenino puede aportar un enfoque a la gestión pública más abierto, participativo y holístico, propiciando un cambio cultural en la Administración pública. Sin saberlo, coincidían con muchos de los postulados de la reciente Declaración de Alcalá de Henares del CLAD.
Las cuatro participantes del panel convinieron en algo que no llamó la atención a los presentes, pero que nos hizo sonreír: hay que aplicar de forma efectiva la normativa que ya existe en cada uno de nuestros países.