Hay que reconocer que en España somos partidarios de aplicar soluciones simples a problemas complejos. Y eso estaría muy bien si diesen resultado. Que detectamos un problema de equidad en el sistema universitario público: matrícula gratis para todos. Ya se sacarán los primeros 500 millones de euros y los siguientes 1.500 de algún sitio (ya verán como de ciencia y universidades) y mientras nos enredaremos durante meses en el procelosos e intrincado laberinto de las comisiones multinivel -que decimos ahora- a las que hemos convertido en industria nacional triunfante ante cualquier recesión.
España tiene un grave problema con la desigualdad social, como muestran los datos comparados a nivel internacional de la evolución del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 en el SDG Index 2019. Según datos de Eurostat para 2016, España es el tercer país de la UE28 en el índice de riesgo de pobreza, 5 puntos por encima de la media, que apenas palían las ayudas sociales; el quinto en desigualdad de ingresos; en fin, nuestro índice de Gini era de 34,1 en 2017 y la media UEeuro era de 30,7 (Suecia, 27; Alemania 29,1; Francia, 29,3; Italia 32,7; Portugal 32,1; Grecia 33,4; Eslovaquia 23,2). Es un problema muy grave del país, si no el más importante, que cuestiona el rendimiento y la orientación de nuestras instituciones y servicios públicos y que no está en el debate político; como tantas otras cosas transcendentes desde hace tiempo.
La prensa trata la cuestión de las becas para paliar la inequidad de distintas maneras. En un artículo, un experto señala que «no se puede hablar de cubrir el coste de las matrículas y dejar fuera la situación económica de las universidades». Próximamente en sus pantallas.
En el curso 2016-2017 289.503 alumnos de grado se beneficiaron de alguna beca de la Administración General del Estado por un importe total de 732.220.163 euros; los de Máster fueron 25.863 alumnos con un total de 87.237.344 euros. Se beneficiaron con una beca general el 26,3% de los estudiantes matriculados. Las becas ligadas a la renta beneficiaron a 95.625 estudiantes que recibieron una media de 1.463 euros al año. Por lo que respecta a las becas vinculadas a la residencia, afectaron a 81.469 que percibieron una media anual de 1.495 euros. La media de la beca económica, que incluye varios conceptos, para los estudiantes de grado fue de 2.178,57 euros al año, a lo que hay que sumar una media de beca de matrícula de 776,17 euros. Vamos, para tirar cohetes.
Según la OCDE, en España no existe movilidad educativa intergeneracional para un 55% de los adultos cuyos padres no alcanzaron la Educación Secundaria superior, en comparación con la media de la OCDE que es del 37%, aunque el 24,4% consiguen titular en Educación Terciaria (que incluye la Formación Profesional Superior) en España, frente al 21% de la OCDE. No obstante, la propia CRUE reconoce que España presenta una posición que permite un claro margen de mejora.
La cuestión crucial de la movilidad y su relación con las becas tiene un tratamiento diverso en la prensa. Hay que destacar el eco que hace del Estudio de Becas de Educación universitarias de 2018 de la AIREF, del que se pueden extraer algunas conclusiones: las becas de los que estudian fuera de su hogar no cubre el 20% de sus gastos; el 22% de los beneficiarios iniciales de las becas no cambio de residencia porque no se lo podía permitir; podría intuirse la importancia de la renta en la consecución del título universitario; teniendo un impacto positivo en estudiantes de menos/bajos ingresos; las becas influyen modestamente en el rendimiento académico y en el abandono; las solicitan el 30% de los estudiantes y las reciben el 22%; un 17% de los estudiantes que cumplen los requisitos, no las solicitan; los estudiantes becados solo en el primer año presentan una alta tasa de abandono; los estudiantes que han sido becados tienen un 30% más de propensión a cursar estudios de máster; las becas de doctorado no elevan la producción científica y deberían primar la excelencia, además de estar poco integradas con el sector privado. Casi nada. Ahora nos explicamos por qué nos resistimos a hacer evaluaciones en España de este tipo…
La AIREF realiza una serie de propuestas, entre ellas: definición de una estrategia del sistema de becas universitario; clarificación de responsabilidades de las Administraciones; asegurar y reactivar el funcionamiento del Observatorio de Becas; reconsideración de los umbrales de la renta en la concesión; posibilidad de eliminar los requisitos de patrimonio; aumentar la beca de residencia (de 1.500 a 2.700 euros con un coste de 98 millones de euros); apertura de centros de apoyo en cada universidad y en las comunidades autónomas; portal de solicitud única de becas; automatización de la renovación de becas; y mejorar la estructura y el contenido del sistema integrado de información universitaria. El ahorro estimado de la implantación de las propuestas podría llegar anualmente a 233 millones de euros. A estas medidas, el Consejo Escolar del Estado añade que las becas alcancen los 3.500 euros para las personas con más vulnerabilidad y que se recupere el complemento de desplazamiento. En otros artículos se hace referencia a la conveniencia de introducir en nuestro sistema de ayudas los préstamos sin intereses reembolsables, siguiendo al Reino Unido, Países Bajos, Hungría y Australia.
Claro que también encontramos en la prensa declaraciones muy bien intencionadas de algún responsable universitario del estilo: «no permitiremos que ningún alumno deje la Universidad por problemas económicos»; o, ante una pregunta sobre el crecimiento de las universidades privadas (un 48 % en 7 años) otro señale que: «a muchas familias les cuesta lo mismo estudiar en una privada que mandar fuera a una pública»; a este respecto, la AIREF nos dice que el 22 % de los beneficiarios iniciales de las becas no cambian de residencia porque no se lo puede permitir. Distinta óptica sobre la movilidad.
Ya hemos visto cuál parece que va a ser la opción elegida, que se aplica en alguna comunidad autónoma: la gratuidad de matrícula. Una medida que es preciso evaluar muy detenidamente desde el enfoque de la desigualdad y su posible regresividad social. Esto no es Suecia, como señaló un consejero en la prensa. Hay que apuntar que España ocupa una posición intermedia entre los países que recaudan tasas por estudios de grado entre los países de la OCDE. Los países en los que no se pagan tasas por cursar grado son mayoritariamente los nórdicos. Un líder estudiantil: «Los recursos que ofrece el Gobierno son limitados y hay que destinarlos a quien más los necesita, no a favorecer a los estudiantes con más poder adquisitivo» (el 40% de los estudiantes de los campous públicos catalanes provienen de colegios privados o concertados). En fin, en una investigación recién publicada se concluye: «Los universitarios españoles mejoraron su rendimiento académico tras la subida del precio de la matrícula». Veremos lo que da de sí el debate.
Ya he señalado en otro post que se incrementa notablemente la empleabilidad si se estudia en el extranjero: el 80% encontró trabajo en el plazo de tres meses de finalizar los estudios. La cuantía máximade las becas Erasmus, sin las eventuales ayudas autonómicas, es de 600 euros al mes para los estudiantes de entornos más desfavorecidos. Sin comentarios.
Acabo citando a la AIREF de nuevo: «El interés de este análisis es determinar en qué medida las becas universitarias promueven la igualdad de oportunidades». ¿No?