Este es el décimo y último post sobre la Universidad en el que voy a recoger diversos temas, alguno ya tratado en profundidad. El objetivo, como en los anteriores, es mostrar la realidad basada en evidencias y también en las posiciones de los actores del sistema universitario español a través de más de 350 artículos de prensa. Se trata de mover a la transformación a partir de una situación que muchos calificamos de insostenible. Para ello se han ido desgranando líneas futuras de actuación y propuestas.
En mi obsesión por los «para qué» de la acción pública, en este caso universitaria, añado incrementar la innovación y el talento. Somos el décimo país productor en artículos científicos, pero también ocupamos el puesto 29 en el Global Innovation Index; estamos mal en solicitud de patentes, aunque destacamos, por ejemplo, en las de química; nuestro apoyo al sector privado en I+D ocupa el puesto 25 de la OCDE; el único centro entre los 100 en el índice Scimago (mide el grado de influencia de las instituciones de investigación) es el CSIC, que ocupa el puesto 21. Según Ecotec: «nos hemos bajado del tren de la innovación mientras el resto de países se ha puesto las pilas».
Desde la prensa, un especialista en innovación nos dice, después de analizar 3.880 centros de investigación en un centenar de países, que malbaratamos nuestros recursos en innovación, que los centros no son sostenibles, que es preciso lograr el equilibrio entre la priorización de la sostenibilidad y la calidad investigadora; en fin, que la investigación es óptima pero que no revierte a la sociedad porque surge la innovación rota o que se estanca en el valle de la muerte porque los investigadores no ven las necesidades del mercado, no tienen un modelo de negocio claro por falta de fondos públicos que apoyen las pruebas del mercado o por la burocracia interna.
El mercado laboral está cambiando. Ya se ha señalado que en sus demandas de empleo la FP supera ya a los títulos universitarios, ya que, se nos dice, aquella ofrece una especialización y un componente práctico mayores, y hay mucha más interacción con la empresa; la Universidad sigue siendo demasiado teórica, concluyen algunos. Además, el 82 % de los empleos requieren competencias digitales, aunque, como se dijo en otro post, las carreras técnicas han perdido 74.000 alumnos en nuestro país en 10 años.
La preocupación por la tecnología es común a muchos actores y artículos. Hay que destacar la orientación a la educación tecnológica o basada en la tecnología (EdTech). China se ha propuesto pasar de los 1.000 millones de dólares de inversión anuales a 30.000 millones en 2020. Desde varios periódicos Telefónica advierte que el 85 % de los actuales estudiantes trabajará en profesiones que no existen y el Santander anuncia que el 75 % de las 5000 empresas mayores del mundo habrán desaparecido en 2030 y serán sustituidas por sectores que no existen; también que la robótica y la inteligencia artificial (IA) reemplazarán entre el 40 y el 50 % de los empleos actuales en 15-20 años; que son precisas nuevas competencias y nuevos conocimientos; que si no pasamos a la acción nos quedaremos atrás y no conseguiremos los objetivos de crecimiento sostenible e inclusivo.
La patronal del sector TIC, Ametic, señala que el futuro está en los polos de innovación en red, creados a partir del desarrollo de macroproyectos tractores definidos por el sector público con suficiente masa crítica en campos donde España tenga una ventaja competitiva a nivel internacional. Para ello es necesario articular el territorio y lograr una mayor colaboración entre redes a través de la conexión de personas concretas. Continúa señalando que la competitividad solo se logrará a través de la digitalización del mayor número de empresas. Como ven, el sector empresarial parece que tiene clara la orientación a medio plazo; ahora solo hace falta que la Universidad oriente de una manera decidida los títulos al mercado.
Hay varios artículos de gran interés sobre calidad docente que nos dan buenas pistas de cómo mejorar e innovar en materia de aprendizaje y talento y adecuarnos a la cuarta revolución industrial: crear una gigantesca comunidad de docentes a iniciativa de muchísimos individuos con contenidos abiertos y liberar las competencias creativas; personalizar la forma de aprender mediante la tecnología; fomentar el aprendizaje por medio del móvil; introducir competencias transversales; utilizar la digitalización para reducir el abandono, especialmente de los estudiantes no presenciales; revisar las competencias por los profesores y los alumnos; fomentar la enseñanza en inglés en la universidad (en España, el 4% de los alumnos cursan las enseñanzas en ese idioma frente al 30% en los principales países); introducir en los rankings indicadores de aprendizaje; incluir en este herramientas como machine learning, realidad aumentada y mixta, analíticas de aprendizaje, asistentes de voz, juegos serios y recursos educativos en abierto; aprender desde la emoción; apostar por la inteligencia artificial (IA) como elemento de transformación de las aulas; formar a profesores innovadores; reducir las horas de formación presencial en favor de la educación digital; configurar los estudios según los intereses de los alumnos; introducir módulos formativos (Universidad de Mondragón) o reconocer créditos de los títulos de exploración que no van a ser los definitivos (UPF). Como ven, estas propuestas no requieren necesariamente de más financiación, sino la transformación de los procesos de aprendizaje y una implicación decisiva del profesorado y de las instituciones.
Claro que también encontramos alguna entrevista a algún buen conocedor del sistema universitario y de la Administración Pública que nos deja estas afirmaciones: la Universidad está en manos de aficionados; existe un sistema opaco de selección; en la mayoría de los concursos solo hay un candidato; nadie puede ascender sino es en su propia universidad; no hay solución en cambiar la ley; las fronteras se disolverán con la globalización; el rector consigue votos haciendo favores; que se confíe la gestión a los profesionales. Cualquiera prefiere pensar que se trata de un conjunto de exabruptos, sino fuera por las evidencias que se vienen exponiendo en estos posts. Por si cabe alguna duda, esta afirmación de una autoridad académica relevante: «No es que se paguen favores, es que hay compromisos que son públicos que se cumplen», a una pregunta sobre la endogamia…
Encontramos motivos de esperanza en la orientación a los problemas sociales de nuestras universidades, por ejemplo, en la atención a la discapacidad y a la igualdad de género. En el primer caso, vemos en la prensa la preocupación por formar expertos en discapacidad, campus de verano inclusivos, programas específicos y voluntariado. Aun así, solo entre el 5 % y el 6% de las personas con discapacidad tienen estudios universitarios; el objetivo marcado de que en 2020 se llegue al 40% es ya inalcanzable.
Por lo que respecta a la igualdad de género, los avances hacia la inclusión son más efectivos, quizá porque hay una voluntad política decidida que no se observa en el caso de la discapacidad. Aun así, de entre las muchas noticias, voy a destacar alguna: a pesar de que las mujeres son el 43 % de profesorado universitario, solo hay un 28% de catedráticas; en otro artículo se recoge un estudio que concluye que la maternidad castiga a la mujer docente; otra investigación remata que las mujeres dedican más tiempo que los varones a los alumnos y a las tareas burocráticas; una especialista apunta que existe temor a que se sustituya al varón en la orientación social, intelectual, política y cultural; en fin, de estos días, que las mujeres puedan acceder gratis a las carreras de ciencias. Un apunte final: según un estudio publicado en la revista Science, a los seis años, las niñas se consideran menos inteligentes que sus compañeros; en secundaria, el informe PISA revela que la proporción de chicas que quiere estudiar la rama científica es tres veces inferior a la de chicos. Habrá que empezar antes a poner solución.
Algún lector avisado me podría preguntar por qué no he tratado específicamente la autonomía universitaria, piedra angular de nuestra Universidad que, según algunos, está ligada a la libertad de cátedra y que, según otros, se trata de un mito. Ya dije que no iba a entrar aquí en profundidades académicas, pero ahí va algo: es preciso que se agoten las posibilidades que ofrece la doctrina del Tribunal Constitucional, hasta que se actualice a la realidad, para dar un mayor protagonismo a los ciudadanos, a través de los representantes institucionales que financian ampliamente el sistema universitario público, y a la sociedad mediante sus representantes económicos y sociales en los consejos sociales, con el fin de orientar el servicio público universitario a las necesidades de la sociedad y con ello ganar en legitimidad democrática. Nada que no hayan hecho recientemente Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Portugal. De otra manera, las alternativas al sistema público no pararán de crecer.
En fin, como se viene señalando en estos posts, los problemas de nuestra Universidad se basan en las debilidades de nuestro sistema político-administrativo y en la divergencia de intereses y de principios de actuación de sus diversos actores. Algunas de las diferencias están fundamentadas en creencias que condicionan el modelo de gobernanza universitaria y, por tanto, su rendimiento. Por ejemplo, «Un rector es como un alcalde, lo elige la propia comunidad universitaria por sufragio universal». Animo al lector a que encuentre ocho diferencias entre un rector y un alcalde y que defina sufragio universal en la Universidad pública española (con participaciones del 7 y el 11 %); yo me he quedado vacío con estos 10 posts.