• Manuel Arenilla Sáez

Robustecer las instituciones y los principios públicos

Actualizado: jun 13


Es preciso robustecer la buena gestión y los valores democráticos en las Administraciones públicas. Esto requiere, en consonancia con la Agenda 2030, alinear la actividad pública con la garantía efectiva de los derechos y libertades de las personas. También implica fortalecer los aspectos de la gobernanza y la capacidad de gestión, considerando la incorporación de la participación ciudadana en todas las fases de las políticas públicas. Necesitamos Administraciones dotadas de una visión estratégica, en las que dominen la gestión por equipos; la visión multidisciplinar; que atraigan, retengan y potencien el talento; que integren de manera ordinaria en su actuación la gestión de riesgos; y que potencien la orientación al aprendizaje activo de la organización y de sus integrantes. Para lograrlo, podría ser de gran ayuda utilizar el ODS 16 como punto de entrada para potenciar las instituciones públicas. Este objetivo ofrece una serie de metas que desarrollan la orientación a la eficacia de las Administraciones con la consecución de la igualdad efectiva, así como la paz y la seguridad.


En relación con la gestión de riesgos, es necesario institucionalizar la alerta temprana, la planificación de emergencias y la respuesta rápida en el servicio público. Todo ello lleva a la necesidad de incluir la gestión de riesgos como una cuestión ordinaria en la actuación pública. A su vez, esto conduce a entender que muchos riesgos son globales y que, como señala Naciones Unidas, de no afrontarse debidamente, pueden arruinar muchos de los avances alcanzados durante décadas en materia de desarrollo, como por desgracia estamos comprobando durante la pandemia. Entre esos riesgos globales, destacan los medioambientales que, si no se abordan a corto plazo, acrecentarán la fragmentación social y limitarán la capacidad de maniobra en otras áreas de riesgo.


Fortalecer las instituciones requiere un nuevo liderazgo público que contemple los valores principales del servicio público, el pensamiento estratégico, la entrega ágil de los servicios públicos, la innovación y la productividad. Estas características se completan con un liderazgo responsable, receptivo y centrado en las personas.


La pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad de la planificación en el ámbito público y la necesidad de fortalecer los sistemas de gestión de conocimiento de nuestro entorno y de lo que sucede en el interior de la organización, para lo que hay que proyectar una visión holística e integrada, como propone la Agenda 2030. Para lograr esa fortaleza es preciso crear un marco unificado que reúna los componentes de la gestión pública y de la prestación de los servicios, la innovación y la gestión de crisis de los gobiernos.


Es necesario lograr mayores capacidades productivas en los gobiernos, más allá de la tecnología y la digitalización, que a veces se emplea como último recurso. Si ya antes se habían evidenciado las debilidades de algunos sistemas administrativos en materia de rendimiento de los servicios públicos, la pandemia ha demostrado que las inversiones realizadas en las capacidades centrales del sector público han marcado la diferencia. Para superar las debilidades hay que dotar de medios necesarios a las organizaciones públicas logrando con ello Administraciones fuertes, lo que no implica que deban ser necesariamente grandes.


El nivel subnacional en muchos países ha quedado desconectado de las decisiones y las soluciones adoptadas en el nivel central, por eso es preciso aproximar la institucionalidad al territorio por medio de la Administración local y las comunidades organizadas. La localización de las políticas públicas y de la Agenda 2030 aparece como un requisito para lograr resultados positivos en la acción pública. Eso implica dotar al nivel local de las competencias, las capacidades y los medios necesarios.


Debemos caminar hacia un sector público que sea cada vez más flexible, resiliente y resistente mediante la creación de redes y alianzas con el fin de colaborar, compartir y aprender de prácticas exitosas y errores. El ODS 17 nos habla de la necesidad de compartir conocimiento y recursos de todo tipo. Hoy en día no es posible que la Administración, ni las más consolidadas, sean capaces de afrontar en solitario las demandas de nuestra sociedad ni encarar con posibilidades de éxito el incierto futuro. Por ello es preciso crear redes de actores diversas y plurales con el fin de evitar decisiones sesgadas y acertar en la formulación e implementación de las políticas públicas. Estas redes tienen que ser transfronterizas para lo que hay que fortalecer la cooperación y la coordinación internacional que ya se habían visto debilitadas antes de la pandemia durante la Gran Recesión.


La resiliencia aparece como una capacidad clave para el futuro de unas organizaciones públicas que actúan en entornos VUCA. Para ello habrá que desarrollar habilidades entre los empleados públicos como la motivación y el compromiso con la misión, la anticipación y la previsión, la resolución creativa de problemas, la capacidad de aprendizaje, el pensamiento sistémico y la colaboración.


La pandemia ha traído una pléyade de innovaciones exitosas en muchas Administraciones públicas y en unos meses ha acelerado la digitalización varios años. No obstante, es necesario evaluarlas, ajustarlas y formalizarlas para que pasen a formar parte de la gestión ordinaria de las organizaciones desplazando las viejas formas de hacer las cosas. Estas innovaciones han demostrado que es posible cambiar las cosas, entre ellas instaurar procedimientos abreviados y simplificados, por lo que este enfoque, que viene planteándose desde hace alguna década, es preciso extenderlo formalmente al conjunto de las organizaciones.


La incorporación o institucionalización de las innovaciones deben pasar por el filtro de los posibles efectos negativos a medio y largo plazo. Por ello hay que considerar los impactos de los cambios que se han introducido rápidamente durante la pandemia, entre ellos las consecuencias en la quiebra digital y en la ciberseguridad. Esto no debe suponer una paralización del avance que suponen objetivamente medidas como el teletrabajo, sino que deben considerarse sus eventuales disfunciones para corregirlas, reforzando la responsabilidad, la ética, los valores, la privacidad y la igualdad en la usabilidad con el fin de que nadie quede atrás


Finalmente, dados los precedentes en buena parte de los países, existe un cierto grado de escepticismo entre los especialistas sobre la voluntad de los gobiernos de aprovechar la oportunidad para construir economías más fuertes e inclusivas y mejores servicios públicos, más resilientes y ágiles y también anticipatorios.




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