• Manuel Arenilla Sáez

Una intermediación de la Administración con la sociedad que se debilita

El progresivo debilitamiento del papel de intermediación de la Administración con la sociedad agrava su posición respecto a esta. Su ejercicio como tercero de confianza por excelencia en las relaciones económicas, laborales, interpersonales, etc. se está poniendo en riesgo cuando se ve sustituida por otras entidades no sometidas a los principios de actuación democráticos y, en algunos casos, legales de la Administración. Este debilitamiento empeora por la centralización de la tecnología y de la información en las grandes empresas situadas fundamentalmente en China y Estados Unidos, lo que dificulta sobremanera el control por parte de los Estados. También se debilita al constatarse que la capacidad de la mayoría de los países es insuficiente para manejar la información que generan sus ciudadanos y organizaciones.


El cambio en el modelo de intermediación se ve favorecido porque las herramientas digitales permiten el crecimiento acelerado de muchas de ellas y la producción de grandes cantidades de información. Se eliminan así los procesos de intermediación que no aportan valor, lo que a su vez genera la aparición de nuevos pensamientos, comportamientos y expectativas en los individuos en sus relaciones interpersonales y sentimientos. A su vez, cambian sus roles como usuarios, clientes, consumidores, ciudadanos, votantes y agentes sociales, económicos o políticos. La cara negativa de este enorme empoderamiento es la manipulación de los datos, la indefensión que esto genera y la falta de controles efectivos. La aparición de estos problemas hace necesaria la intervención del Estado. Si este va por detrás de los acontecimientos y de los avances tecnológicos, se verá imposibilitado de actuar con eficacia, lo que hará que se incremente el descrédito en las instituciones públicas y aparezcan otros agentes de intermediación que lo desplacen o cubran el vacío que va dejando.


La velocidad de los cambios casa mal con la noción del tiempo que se maneja habitualmente en las organizaciones públicas que suele ser el calendario electoral, limitando así la planificación estratégica y la gestión de riesgos, o el tiempo organizativo, tan desajustado de los apremios del entorno. Estas razones mueven a la necesidad de buscar alianzas con actores de todo tipo, especialmente innovadores y emprendedores sociales, que le permitan intervenir en los cambios que se están produciendo. Se trata de incorporar las herramientas y tecnologías digitales para realizar prospectiva estratégica, gestionar los riesgos, diseñar políticas experimentales, desarrollar políticas basadas en datos, gestionar redes sociales, generar escenarios sobre el futuro de la sociedad y de la Administración pública y crear valor público con los ciudadanos. Estas alianzas le ofrecen la posibilidad debatir públicamente la construcción del nuevo rol de intermediación con los ciudadanos; el tipo de talento que necesita la Administración para seguir ejerciendo el liderazgo social; y la incorporación de nuevas competencias que faciliten la innovación y el cambio. Estas alianzas pueden dar lugar a la creación de laboratorios de innovación que aprovechen la inteligencia colectiva a través de plataformas digitales o espacios de experimentación con el fin de crear productos de gran valor público.


Se suele decir que una de las características de nuestro tiempo es hacerse buenas preguntas. Desde el sector tecnológico se reclama a la Administración que se las haga y que sea consciente del papel que le toca desempeñar en la actualidad. De entre las principales demandas hay que destacar las que precisamente justifican o refuerzan la legitimidad del papel de intermediación de la Administración: que practique de verdad la apertura, para lo que tiene que confiar y sentarse con actores de todo tipo; que busque espacios fuera de su zona de confort para mejorar su imagen; que lidere y sea capaz de catalizar a diversas organizaciones e instituciones; que delimite y resuelva los conflictos de intereses; que aprenda y crezca; que asuma los cambios que se están produciendo; que desee formar parte de lo que está sucediendo; que atraiga talento de todo tipo; que elimine las trabas burocráticas y armonice la dispersión normativa; y que dé ejemplo en el uso de las tecnologías.


Para fortalecer la capacidad de intermediación también es conveniente desarrollar la capacidad analítica y la mentalidad crítica de los empleados públicos para tratar con la difusión de datos falsos, manipulaciones u opiniones escasamente fundadas. Esto implica que las Administraciones protejan la intimidad y los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente frente a las grandes compañías tecnológicas debido a las posibilidades que facilita el análisis masivo de datos individuales. La capacitación de los empleados públicos debe permitir la incorporación de competencias como el pensamiento analítico e innovación; el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje; la resolución de problemas complejos; el pensamiento crítico y la creatividad; la originalidad y la iniciativa. A la vez debe captar el talento necesario para desempeñar puestos en los campos de análisis de la seguridad de la información, gestión de riesgos, transformación digital, ciencia y análisis de datos y auditoría estratégica. Estos puestos deben ir desplazando a los que ya se están quedando obsoletos, como los relacionados con la contabilidad, la entrada de datos o la secretaría administrativa y ejecutiva.


La tecnología blockchain o de cadena de bloques bien pudiera mirarse como una rival temible para la Administración al basarse en relaciones dinámicas y en red caracterizadas por la desintermediación; esto es, con potencialidad para prescindir de la Administración en numerosos procesos, como los de registro. Sin embargo, la Administración debe implicarse en la implantación y el desarrollo de la tecnología de blockchain para seguir intermediando y transmitiendo confianza y seguridad. Es necesario que evalúe sus posibilidades, que colabore con entidades del sector privado, del marco supranacional y de la academia. En este sentido, la Unión Europea ofrece posibilidades a esta tecnología en cuestiones como la gestión de la propiedad intelectual, los derechos de autor o los usos de los datos personales. Las posibilidades se extienden a la replicación de la compleja estructura institucional europea y de sus Estados; a mantener marcos legales automatizados sin necesidad de trasposición de la normativa europea, conservando todas las garantías de privacidad y protección de datos; y a disponer de un marco de identidad común europeo.


El reto de la tecnología para la Administración es cómo utilizarla y promoverla en la sociedad con la ayuda de todo tipo de actores. La finalidad no puede ser la mera extensión y uso de la tecnología, sino que esta debe ser una palanca de integración, inclusión y desarrollo de la sociedad. Este logro es el que justifica su papel de intermediación en la sociedad, hablemos de digitalización o de cualquier otra iniciativa. Ese papel es irrenunciable y para el que no debe haber alternativas. Sin embargo, la inclusividad digital está en peligro por la creciente dependencia digital, la aceleración de la automatización, la supresión y manipulación de la información, las carencias en la regulación de la tecnología y las lagunas en las habilidades y capacidades tecnológicas. A ellas tienen que aplicarse las Administraciones para mantener y reforzar su papel de intermediadora social.


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