Universidad: estos son mis principios, y si no...
Actualizado: 13 sept 2019
La falta de acuerdo sobre los objetivos entre los integrantes del sistema universitario español (SUE) proviene de la desorientación o del olvido de los principios en los que se fundamenta su actuación. Sus bases cercanas las encontramos fácilmente en la Declaración de Bolonia de 1999 y en la Estrategia de Lisboa de 2000 de la Unión Europea y, cómo no, en los numerosos acuerdos, informes y propuestas patrias. Sin ánimo de cansarles: compromiso con el servicio público (acceso universal y no discriminación por motivos económicos y sociales); compromiso con la sociedad y el desarrollo económico (responsabilidad social, formación a lo largo de la vida, transferencia de conocimiento, valores democráticos, inclusión, desarrollo sostenible, promoción de emprendedores); internacionalización y mejora de la competitividad (abrir las universidades, mejora de la producción científica, patentes, estar visibles en el mapa europeo e internacional, crear un entorno académico y de innovación); especialización y diferenciación de las universidades (perfiles distintivos en las universidades, menciones de calidad a los másteres y doctorados); y pacto de Estado en materia universitaria y de investigación (coordinación entre comunidades autónomas, las universidades y el tejido económico, social e institucional).
Uno podría pensar que a estos principios y objetivos tan encomiables deberían haber seguido su inclusión en las agendas de gobierno y el establecimiento de acciones e indicadores concretos de consecución y evaluación; pues no ha sido así. Nada de extrañar en un país donde no existe, en general, una verdadera planificación ni una evaluación de sus políticas públicas.
Vamos a detenernos en lo que realmente preocupa a nuestras autoridades autonómicas, locales y académicas a través de sus manifestaciones en la prensa. Si empezamos por los rectores, vemos que muestran mucho interés en la financiación, que es la solución a todos los males universitarios; en la movilidad social; en desarrollar los campus tecnológicos en sus universidades (aunque en un artículo se nos diga que en el campus del MIT solo el 2% de las startups tenga origen científico); también en la burocracia que nos come; en la precariedad de las plantillas; y en una nueva ley de universidades a la que, cómo no, se otorga poderes mágicos (no como a las anteriores). También les preocupa la liga, en este caso la universitaria. Eso sí, señalan su optimismo porque hay 27 universidades españolas (tres privadas) entre las 1.000 primeras en el mundo. Ahora solo falta que asciendan a ese Olimpo 26 públicas y 34 privadas.
Coinciden con las autoridades autonómicas en que tener más títulos es bueno y en la necesidad de que los campus (171 públicos presenciales y 344 en total) estén lo más cerca de la demanda actual. También expresan principios y convicciones como que los contenidos curriculares los deben fijar los universitarios, eso sí, dialogando con las empresas; al fin y al cabo, se señala, los títulos se deben ajustar a la sociedad, no a lo que demandan las empresas; que las universidades públicas y privadas comparten un mismo ideario; que no están de acuerdo con una prueba única de selectividad para todo el país (en Castilla y León entran 69 temas de Historia y en Cantabria 28) porque acrecentaría las desigualdades económicas; que no hay demasiados títulos (3.780 grados, 3.659 másteres y 1.137 doctorados en el curso 2017/2018) y, por supuesto que somos uno de los países con menos autonomía de la OCDE, aunque la provisión de las plazas del PDI corresponda en exclusiva a cada universidad y la rendición de cuentas a la sociedad que las financia en su casi totalidad sea un arcano.
Si nuestros egresados no se colocan en España y sí en el extranjero, siguen las noticias, es por su buena formación y porque aquí no tenemos una estructura económica adecuada. Sin embargo, en la prensa también se recoge que el 72% de las compañías españolas encuentran problemas para cubrir los puestos de trabajo; que el 82% de los empleos requieren competencias digitales; o que Telefónica manifiesta que hay un problema enorme entre los conocimientos que tienen las personas en el mercado y lo que este les pide, y que la educación es el único sector que no está a la altura de la revolución digital.
El modelo ideal expresado por alguna autoridad académica es: «tú contratas libremente y luego te voy a pedir cuentas». La única pega, se señala por otra, es que «hay que ser conscientes de la picaresca española». Es posible que se refiera a que con un sistema centralizado en la ANECA y las agencias autonómicas la endogamia del profesorado actualmente sea casi absoluta. Realmente, como iremos viendo, se le llama picaresca a lo que es puro clientelismo.
La propuesta de resucitar el proyecto Estatuto del PDI de 2011, expresada por algunas autoridades académicas, contemplaría la adquisición de méritos académicos para la carrera universitaria mediante la ocupación de los ya abundantísimos cargos académicos, institucionales, sindicales o de otro tipo; carrera que se convertiría en una mera y cómoda promoción interna.
Entre las preocupaciones de las autoridades autonómicas y locales dominan en la prensa la aprobación de títulos y su localización en la siempre por completar red de campus españoles. Algunos debates muestran a las claras la resiliencia española: en la ubicación de un título en una comunidad autónoma compiten tres ciudades que no dista la más lejana de las otras de 38 kilómetros. En este caso, uno de los alcaldes argumenta a su favor que ya dispone de instalaciones con laboratorios y una amplia residencia que costaron 130 millones de euros. Otra ciudad acuerda ampliar su campus de 3.500 alumnos que está a 27 kilómetros de la sede central de esa universidad y, múltiplemente conectada, a 62 de Madrid. Lejos de allí un alcalde reclama para su ciudad, que dista del campus más próximo 12 kilómetros y del siguiente 36, una facultad en un edificio cuya rehabilitación costaría 24 millones. Las consejerías declaran ser muy respetuosas con la autonomía de las universidades para fijar los emplazamientos. Con esos 24 millones se podría pagar las retribuciones de un año de 300 investigadores de primer nivel, según lo que señala un científico relevante que dirige un programa de retorno de investigadores.
En una comunidad autónoma se reconoce que existen 1.260 millones de euros pendientes de ejecutar (115 este año) en I+D+I en la correspondiente agencia de innovación, lo que no impide que tengan el propósito de incrementar su presupuesto en el futuro. En general, declaran apostar por la innovación y el conocimiento; porque se visualice en su territorio la inversión en I+D+I; y por una mayor coordinación con «Madrid». Además está el tema estrella en la actualidad: la matrícula gratuita y que alguna comunidad sube la apuesta con barra libre en los comedores universitarios. En materia de selectividad no hay acuerdo sobre una posible prueba única.
En resumen: para la poca autonomía que tiene la Universidad española y su escasa financiación estamos, según alguna declaración relevante, en muy buena situación, pero que mejoraría mucho con una nueva ley y, claro, más presupuesto; la política universitaria se deja en manos de cómo entienda cada universidad el ejercicio de la autonomía; eso que vemos realmente no es endogamia sino la selección de los mejores; y la Universidad empieza a ser atractiva como mercado de votos, y sabemos que esto no sale barato.
Comparen ahora lo que expresan nuestras autoridades con lo escrito en el primer párrafo. Cuestión de principios.