El último congreso del CLAD celebrado en Argentina el pasado noviembre abordó en su área temática «Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 2030» los desafíos que están afrontando los países iberoamericanos para alcanzar su cumplimiento. Así, se debatió sobre: paz, justicia e instituciones; poder judicial y tribunales administrativos; educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico; e igualdad de género y reducción de desigualdades.
Para Colombia, la firma del acuerdo de paz de 2016 determina la consecución del ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y ha hecho que su Gobierno establezca diversas estrategias para el logro de una paz estable y duradera después de un conflicto armado de más de 50 años que afectó a 8.771.850 víctimas. En la ponencia se ofrecieron detalles sobre los avances alcanzados y los muchos desafíos pendientes para los próximos años.
Otra presentación ofreció la interesante vinculación entre el ODS 5 (lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas) y el 10 (reducir la desigualdad en y entre los países) incorporando una perspectiva de diversidad funcional y promoviendo el empoderamiento de las mujeres con discapacidad en la toma de decisiones y en el diseño e implementación de las políticas públicas. En esta cuestión, resulta clave la sinergia entre academia y gobierno para lograr la transformación de la realidad hacia la Agenda 2030 y la consecución de los ODS. Así se ha producido en el caso presentado desarrollado entre la Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de Mendoza Mujeres con discapacidad en primera persona. Entre las conclusiones de esta ponencia, hay que destacar: las mujeres con discapacidad sufren una doble desventaja que se profundiza cuando se agregan otros aspectos como ruralidad, baja o nula alfabetización y pobreza, entre otros; si bien es una realidad que la igualdad de género goza de visibilidad en la agenda pública actual, la incorporación de una perspectiva de diversidad funcional es aún una deuda pendiente.
La relación entre el ODS 8 (promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos) y el 4 (garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos) se planteó en el caso del Instituto Federal del Norte de Minas Gerais (IFNMG) del Ministerio de Educación de Brasil. La finalidad que se persigue con las diferentes acciones educativas emprendidas es la promoción de políticas orientadas a actividades productivas que generen empleo decente, creatividad e innovación en ciudades con bajo desarrollo económico y social en Brasil. Las principales conclusiones ofrecidas se refieren a que es que es necesario adoptar medidas de transformación social que permeen el entorno regulatorio y el de las políticas públicas; y a que es necesario que se involucren en la construcción de un mundo mejor el gobierno las empresas privadas y los ciudadanos.
La última ponencia analizó el papel que ha tenido el Poder Judicial de Costa Rica en la aplicación de la estrategia del sistema de gestión de calidad denominada Norma GICA-Justicia, cuyo objetivo busca el establecimiento de estándares de gestión de calidad con el fin de consolidar el Estado democrático de derecho. Se expuso el desarrollo que los tribunales administrativos en Costa Rica han tenido en descongestionar el accionar del Poder Judicial; además, se relacionaron las iniciativas de resolución alternativa de conflictos, lideradas por el Ministerio de Justicia y Paz, vinculando las universidades con consultorios jurídicos relevantes y la Agenda 2030. Las conclusiones, como siempre, mueven a la reflexión más allá del país que las ofrece: la base de la justicia debe ser la parte usuaria; y «si al final del día no tiene ética, no sirve de nada».